El tren en Colombia: ¿motor de futuro o batalla perdida?
- Andrés Ospina
- 24 jul
- 3 Min. de lectura
La reactivación férrea en Colombia no es un capricho, es una apuesta estratégica impostergable. Tras décadas de abandono y una obsesiva priorización del transporte carretero, devolverle al tren su protagonismo es vital para el desarrollo económico, social y ambiental. Es, en esencia, una batalla por la soberanía logística del país.
Nuestra red ferroviaria, vibrante a principios del siglo XX, sucumbió. Factores como la preponderancia del transporte automotor y la nefasta disolución de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC) en 1988 condenaron al tren a la irrelevancia. Hoy, apenas el 31% de los 3.533 km de rieles que poseía FNC están operativos. Sin embargo, el "Gobierno del Cambio", a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ha puesto la mira en esta reactivación, proyectando una inversión de 8.76 billones de pesos hasta 2035 para modernizar corredores clave y conectar nuestros puertos (1). Si se materializa, esto podría ser un hito para la competitividad y la equidad territorial.
Los beneficios son innegables. Económicamente, el tren promete una reducción sustancial en costos logísticos (15-26% de ahorro) que impulsarían la reactivación industrial y la exportación de productos como el café y —ojalá— productos industriales de mayor valor añadido. Socialmente, es un catalizador para la conectividad y el desarrollo territorial, uniendo regiones, generando oportunidades en zonas marginadas y facilitando el transporte de personas. Ambientalmente, emerge como una solución sostenible: un tren genera 533% menos emisiones de CO2 que un camión por tonelada-kilómetro.
Pero el camino no es llano. Más allá de la enorme financiación que se requiere, el verdadero fantasma es el manejo de la infraestructura. La historia colombiana es un cruel espejo de concesiones fallidas donde la búsqueda de rentabilidad llevó al abandono de rutas socialmente necesarias y al deterioro de la infraestructura.
En este contexto, la reciente firma del contrato de concesión de la primera APP férrea de Colombia para el corredor La Dorada-Chiriguaná (526 km), con una inversión de $3.4 billones y adjudicada a la Estructura Plural Línea Férrea, se presenta como un hito. Figuras como el Presidente Gustavo Petro, la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas y el Presidente de la ANI Óscar Javier Torres han celebrado los beneficios proyectados: 32.000 empleos, ahorro logístico del 20%, y la movilización de 2.8 millones de toneladas anuales (2).
Fuera de esto, la consolidación del tren enfrenta una resistencia política considerable, a menudo orquestada por poderosos lobbies como el del sector de transporte carretero. Estos gremios, que han monopolizado la logística nacional, ven en el tren una amenaza directa. Su resistencia no es sutil: va desde la oposición activa a proyectos de ley hasta la promoción de narrativas que cuestionan la viabilidad del ferrocarril. Esta oposición se entrelaza con redes de poder político arraigadas, beneficiarias del statu quo. Superarla exige una voluntad política inquebrantable, capaz de resistir presiones y de conseguir aliados en el legislativo; así como el compromiso para la construir proyectos férreos que no se queden a medias (ver Regiotram de Occidente).
La reactivación férrea en Colombia es más que un proyecto; es una declaración de intenciones. Es un camino sinuoso, plagado de desafíos financieros, técnicos, sociales, y especialmente, las complejidades del manejo privado y las feroces resistencias de grupos de interés. Pero también son inmensas las oportunidades para reconfigurar la matriz de transporte y avanzar hacia un desarrollo más equitativo. La voluntad política y la capacidad de enfrentar a los lobbies más recalcitrantes serán la clave para que este tren no descarrile nuevamente, sino que se convierta en el verdadero motor de un futuro más conectado, eficiente y próspero para Colombia. ¿Estamos dispuestos, como nación, a subirnos a este tren, cueste lo que cueste?
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